METGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Sindicato Médico

METGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CESM-CV) DENUNCIA EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN SANITARIA EN DÉNIA DADO QUE NO GARANTIZA LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA A LA POBLACIÓN Y MALTRATA A LOS PROFESIONALES SANITARIOS.

RESULTA INADMISIBLE QUE NO EXISTA NINGÚN COMPROMISO REAL PARA MANTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO DE INTERINOS Y EVENTUALES QUE EN ESTE DEPARTAMENTO ALCANZAN CASI EL 40% DEL TOTAL DE LOS TRABAJADORES. 

A pesar de las promesas verbales formuladas en la Mesa Técnica celebrada esta mañana por parte del Secretario Autonómico de Sanidad D.Luis Rosado no existe ninguna garantía real de que el empleo ocupado actualmente por interinos y «acúmulos de tareas» en el actual Hospital de La Pedrera en la Marina Alta se mantenga tras la transferencia de la gestión de los recursos humanos a Marina Salud S.A. que va a gestionar el Departamento 13 en régimen de concesión administrativa. Y ello es así porque D. José Cano Pacual, Director de Recursos Humanos, no ha presentado ningún documento que pueda vincular a Marina Salud en tal sentido y resulta improbable que pueda llegar a hacerlo aunque, en su caso, nos mostraremos dispuestos a ayudarle en tal empeño.

CESM-CV debe denunciar además que solamente el personal estatutario con plaza en propiedad podrá optar por mantener su situación funcionarial o acogerse al derecho privado del Estatuto de los Trabajadores. El resto, cerca de un 40% del total de los profesionales, verá amortizadas sus plazas y, en todo caso, podrá optar a una contratación laboral, renunciando así a cualquier expectativa de integrarse mediante OPE en sus actuales puestos de trabajo. La gestión empresarial de las «concesiones administrativas», que impone la «laboralización» propia del derecho privado, desestructura las relaciones laborales, bloquea la movilidad voluntaria y dificulta la defensa sindical de los intereses profesionales al establecer diferencias contractuales, territoriales y retributivas.

Cuatro años después de la aprobación del Estatuto Marco de los Servicios de Salud que debía dar cobertura al trabajo de los profesionales, cada vez existen menos médicos estatutarios en el Comunidad Valenciana dada la política de laboralizar a los facultativos mediante la reconversión en concesiones de gestión privada de nuestros Departamentos de Salud. Esta generación de beneficios que conlleva la privatización de la asistencia resulta posible, entre otras razones, por la pérdida de la independencia de los médicos que dejan de ser funcionarios para pasar a depender de criterios empresariales economicistas aunque en otras CCAA, como la madrileña, la privatización de la gestión no ha modificado la naturaleza del vínculo contractual estatutario y ha respetado mucho más la autonomía profesional. En todo caso, tampoco podrían generarse tales beneficios sin un colchón de sanidad pública que pudiera absorber los «remanentes» no rentables de las áreas privatizadas. Se trata de un negocio sin riesgo alguno porque es la administración quien garantiza a las empresas interesadas la ausencia de competencia y el régimen de monopolio en un sector de actividad que, dadas la gratuidad y universalidad del modelo, proporciona una demanda asistencial siempre creciente.

CESM-CV no cree en tal proceso, aunque considera que se trata de una decisión política que debe ser objeto de revisión en los foros democráticos correspondientes. Pero si apostamos porque cualquiera que sea la titularidad o fórmula concreta de gestión de cada centro y/o departamento, los derechos básicos de los profesionales no puedan ser nunca sustancialmente diferentes. Recordamos aquí que en el Hospital de La Ribera la jornada laboral es, comparada con cualquiera de gestión directa, de más de 200 horas más al año... por unas retribuciones inferiores en 6000 euros. Y también llamaremos la atención acerca de la sobrecarga del departamento 13, donde un Médico de Equipo de Atención Primaria está atendiendo ya un cupo de 2000-2500 tarjetas sanitarias mientras que la media en departamentos de gestión directa es de 1500.  

 Por ello proponemos:

- La relación contractual del personal médico en la empresa Marina Salud S.A. debe ser estatutaria y solo admitimos la laboralización directa bajo estrictos controles de calidad y carácter voluntario. En las concesiones ya vigentes exigimos la «estatutarización» voluntaria de sus profesionales.

- Las condiciones de trabajo, jornada y retribuciones del personal laboral de las concesiones deben ser como mínimo idénticas a las de los profesionales estatutarios de la sanidad pública de gestión directa.

- La movilidad debe encontrarse garantizada en toda la red pública con independencia de su modelo de gestión.

- Debe evitarse que los compañeros que decidan mantener su actual relación estatutaria puedan ser marginados por la dirección de la empresa para lo cual la figura del Comisionado deberá poseer los necesarios poderes y la imprescindible capacidad sancionadora.

- Debe existir un estrecho control sindical e institucional acerca de las condiciones de realización del acto médico con el fin de que no pueda nunca ser mediatizado por instancias ajenas inspiradas en intereses empresariales o burocráticos.

- La empresa Marina Salud S.A. debe asumir como estatutarios a la totalidad de los profesionales que actualmente prestan servicios en el Departamento 13, bien como propietarios o como interinos en plaza vacante. A tal fin la Consellería deberá de inmediato, crear las correspondientes plazas de plantilla para absorber a los temporales por «acumulación de tareas» existentes. Tales vacantes deberán salir en la correspondiente OPE y la empresa Marina Salud estará obligada a asumir su resultado. ¿O serán estos contratos precarios los únicos no tenidos en cuenta en el reciente acuerdo de consolidación de empleo?.

- La base de las nuevas formas de gestión en el sistema sanitario debe establecerse en torno a la participación de los profesionales. Optamos por un sistema de cogestión centrado en Juntas Facultativas, elegidas por sufragio universal entre un censo de médicos y titulados superiores.

Consideramos que de no contemplarse los mínimos que planteamos se estará admitiendo que la sanidad valenciana deje de depender del control público democrático para hacerlo de grupos empresariales cuyo interés fundamental es el beneficio y no la salud de los ciudadanos. Y, como sindicato responsable, no podemos admitir que existan ni médicos ni pacientes de segunda. 

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

Metges de la Comunitat Valenciana (CESM-CV)