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Para velar por la
adjudicación transparente de puestos en las ofertas públicas de
empleo, sería bueno que se dejara a los sindicatos estar presentes
en los tribunales sólo aptos ahora para estatutarios fijos.
DIARIO MÉDICO.
Andrés Canovas 11/02/2009
Igualdad, mérito y capacidad: estos son los
principios que deben presidir los procesos de selección de personal
al servicio de las administraciones públicas y, por ello, de nuevos
profesionales sanitarios. Los médicos y sus organizaciones
sindicales siempre han tenido claro que garantizar un entorno
semejante debía pasar por la profesionalización de los tribunales,
pero la realidad de una administración omnipotente (de la cual no
puede presumirse a priori imparcialidad) ha obligando a una
presencia sindical que actuase como contrapeso en esos organismos.
Así, desde CESM nunca hemos sometido a mandato imperativo alguno a
nuestros representantes en los tribunales de los procesos
selectivos, pero ellos mismos, con su buen hacer, han estado velando
hasta ahora por su limpieza y equidad. Alguna organización médica
minoritaria se ha opuesto siempre al control sindical, pero las
razones hay que buscarlas en su ausencia de los órganos
representativos, que, a su vez, le cierra la puerta al ejercicio de
tal control, y el cojo siempre dirá que no corre porque no tiene
prisa.
A pesar de todo, el Estatuto Básico del Empleado Público establece
en su artículo 60 que los miembros de los órganos de selección de
personal lo serán siempre a título individual sin poder ejercitar
sus funciones en representación de nadie. También deja sentado que
el personal de elección o de designación política, así como el
temporal, no podrá formar parte de dichos órganos. Por consiguiente,
queda claro que, por decreto, los futuros tribunales que juzguen a
los aspirantes en las ofertas públicas de empleo (OPE) deberán estar
constituidos sólo por funcionarios de carrera, lo que traducido al
ámbito sanitario debe entenderse como personal estatutario con plaza
en propiedad.
Aparentemente, el modelo planteado parece garantizar la ausencia de
influencias extraprofesionales en los procesos selectivos, aunque un
análisis menos superficial apunta a una exclusión de los sindicatos
mientras que los poderes públicos podrán seguir presentes a través
de miembros de las diferentes administraciones.
Porque, además, permanecen en el aire algunas cuestiones de enorme
trascendencia: ¿podrá ser presidente de un tribunal el director de
un centro como funcionario de carrera? No olvidemos que los cargos
médicos de designación política conservan sus plazas aunque se
encuentren en situación de servicios especiales. ¿Por qué razón se
desliza la perversa idea de que es la presencia sindical y sólo ella
la que pone en riesgo la limpieza de toda una OPE? El planteamiento
no resulta ni justo ni equilibrado.
Consejería y cómplices
En algunas comunidades, como la valenciana, se han concitado
diversos intereses para dejar libres las manos de la Administración
en los tribunales de los próximas convocatorias de plazas médicas.
La propia consejería está interesada en ello, pero también alguna
fuerza sindical muy necesitada de un lavado de imagen le ha prestado
su inestimable apoyo al seguir la deplorable estrategia de crear
alarma social sobre un falso problema de presunta filtración de
exámenes. Dado que lo establecido por el Estatuto Básico quedaría
garantizado mediante la designación de profesionales médicos a
propuesta de las fuerzas sindicales (aunque representándose a sí
mismos en todo momento) resultaba necesaria la intoxicación descrita
para legitimar la agresión.
Desde CESM-CV, sin embargo, no dudaremos nunca en desenmascarar
cualquier maniobra planteando lo único que puede garantizar a los
médicos un acceso justo a las plazas vacantes en el Sistema Nacional
de Salud: la elección de todos los miembros de los tribunales por
sorteo entre los facultativos con plaza fija de la especialidad
correspondiente y, después, la elección del contenido de los
ejercicios también por sorteo.
Es lo que se hace en la Consejería de Educación de la comunidad con
el personal docente y es también lo que llevan años haciendo en el
National Health Service inglés. ¿Cuándo se prestarán a hablar de
ello nuestros responsables sanitarios? ¿Por qué es posible en otros
ámbitos lo que aquí se nos niega? Esperaremos la respuesta tanto
desde la administración como desde las organizaciones cuya actuación
sirve de coartada permanente a nuestros gestores |
