EL PROBLEMA DE LAS LISTAS DE ESPERA EN LA SANIDAD PÚBLICA VALENCIANA

 

A cualquier ciudadano le resulta evidente que las dificultades para ser atendido correctamente en caso de enfermedad son crecientes. La percepción del problema por parte de la gente de a pie, basada en la denominada «sabiduría popular», desmiente constantemente las cifras irresponsablemente optimistas que esgrime la administración. Como las desmiente cualquier análisis serio y riguroso de lo que realmente está ocurriendo en la sanidad pública valenciana.

 

Puede parecer cierto que las listas de espera quirúrgicas han disminuido en los últimos años. Pero lo que no se dice, lo que se oculta, es que ello se ha conseguido a costa, por un lado, del incremento desmesurado en el tiempo de demora para la realización de las pruebas diagnósticas y, por otro, de la masificación en las consultas externas. Dado que al paciente sólo se le incluye en la lista para intervenir tras realizar todos los trámites previos, el tiempo real de demora media se sitúa cerca de los dos años desde el momento en que el afectado acude a su médico por primera vez. La ingeniería estadística «creativa» de nuestros responsables sanitarios, sin embargo, al confundir la parte con el todo, sólo pretende obtener réditos políticos en base a una desinformación general perfectamente planificada.

 

Y es que no es posible obtener la cuadratura del círculo. Una asistencia sanitaria de calidad únicamente puede obtenerse cuando se está dispuesto a invertir en el sistema y se posee la suficiente visión de futuro como para plantearse el problema desde su verdadero carácter estructural. Las iniciativas puestas en marcha desde 1995, al basarse en la coyunturalidad de las listas de espera, se han limitado a sucesivos «planes de choque» que, en realidad, sólo han beneficiado a las grandes compañías aseguradoras del sector privado. Los recursos económicos que, en definitiva, deberían haber revertido en la mejora del sistema han derivado en pingües beneficios empresariales. Pan para hoy y hambre para mañana.

 

El gasto sanitario público de la Comunidad Valenciana es hoy el penúltimo del Estado Español. De modo paralelo, las 3,1 camas por mil habitantes de nuestros hospitales contrastan con las 4,1 de media nacional y se encuentran muy lejos de las 5,1 de Canarias y Cataluña o de las 5 de Aragón. A su vez, contamos con 1,56 especialistas por 1000 habitantes frente a una media nacional de 1,72. Y así, hasta el infinito. Pero, sin embargo, el gasto farmacéutico se dispara en toda España frente al de la UE, realidad que se correlaciona bien con un escasísimo tiempo por consulta que se compensa con el recurso al talonario de recetas, situación de la que se pretende hacer responsable al personal facultativo y no a una administración que ni gestiona ni permite la participación de los profesionales.

 

Un abordaje realista que permita reducir a niveles anecdóticos las inaceptables listas de espera que padece la población valenciana debe contemplar, de entrada, su carácter «estructural», anclado en las características del propio modelo sanitario y en el modo en que ha venido siendo administrado, para introducir los siguientes elementos de reforma:

 

-    Dotación presupuestaria suficiente mediante un incremento del gasto sanitario público que se proponga alcanzar los porcentajes medios de la Unión Europea. Resulta imposible comprar calidad a precio de saldo y eso es algo que nadie mínimamente sensato puede negar.

-    Como alternativa a los «planes de choque», optimización de los recursos públicos, que deberán ser de la dimensión adecuada para garantizar la autosuficiencia del sistema en las condiciones asistenciales normales.

-    Reforma radical en la actual administración burocrática de la sanidad valenciana, dotando a los médicos de instrumentos efectivos de participación e incorporándolos a un modelo de gestión profesional alejado de las coyunturas políticas.

 

Solo de éste modo podrán superarse los lastres que nuestra sanidad arrastra y se logrará proporcionar a los ciudadanos el servicio al que tienen constitucionalmente derecho. Es hora ya de que profesionales y usuarios nos pongamos de acuerdo y enriquezcamos nuestra natural relación sin interferencias ajenas indeseadas y distorsionadoras.

MIGUEL FERNANDEZ

PRESIDENTE CESM-CV

07/08/02

 

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