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Los proyectos emblemáticos
del PP: Hospital de Alzira, ¿nos sale a cuenta?
Mª JOSÉ MENDOZA Y JOSÉ MAYANS - Médico y
diputada autonómica socialista, y médico y militante del PSPV-PSOE,
respectivamente
En septiembre del 2001, en el transcurso del debate de
política general que marca el inicio del curso político, el entonces
presidente Zaplana anunciaba la privatización de la gestión de los centros
de salud en la comarca de la Ribera aplicando el mismo modelo que para la
Asistencia Especializada. Este anuncio no nos sorprendía. Las intenciones
de la aseguradora privada que protagonizaba la gestión del Hospital de La
Ribera desde 1999 -esa experiencia piloto e innovadora, estrella del
gobierno del PP presentada a bombo y platillo como un logro y un hito
históricos- eran claras desde el inicio de la experiencia. Se había
empezado con la gestión privada del hospital, pero había que ir más allá.
Mucho más allá.
El consejero delegado de Adeslas afirmaba, en unas declaraciones recogidas
por el Diario Médico en mayo de 1999, que prefería prestar toda la
atención sanitaria y no sólo la especializada y sostenía que la
rentabilidad del proyecto dependía en buena medida de las relaciones que
el Hospital de la Ribera estableciera con la atención primaria. En
aquellas fechas la misma aseguradora calificaba la concesión
administrativa para la gestión de la atención especializada de la comarca
de la Ribera como «más que un negocio, Alzira es una oportunidad
histórica», y argumentaba que «el mercado de las aseguradoras ha alcanzado
su techo». Por eso había que aprovechar las vías abiertas por este modelo,
que en un futuro se podría extender o a otras áreas sanitarias. La sanidad
privada llevaba años demandando «oportunidades de colaboración con la
pública en un marco estable», añadía. El modelo Alzira era sólo una pieza
más en la flexibilización de la provisión sanitaria. Las intenciones y
objetivos de la aseguradora privada no se prestaban a equívocos.
A pesar de que el PP presentó la iniciativa como una simple «innovación»
de gestión, su significación era de gran calado. Se trataba de sustituir
la oferta y el servicio públicos por un monopolio privado localizado,
privatizando un segmento de la sanidad pública. Pero en condiciones tales
que se garantizaba a toda costa la rentabilidad para la empresa. Por
tanto, no se trataba de flexibilizar o introducir lógicas de mercado, sino
de monopolio. Pero de monopolio privado. El riesgo evidente,
reiteradamente denunciado, era que así se atentaba contra la lógica
interna de la provisión de un servicio público tan vital como la atención
sanitaria.
El especial trato de favor que ha recibido el Hospital de la Ribera se ha
puesto de manifiesto en múltiples ocasiones. Por ejemplo, después de que
el primer año de funcionamiento se cerrara con pérdidas económicas para la
empresa, se inició una actividad desenfrenada en el hospital ofreciendo
servicios a pacientes de fuera de la comarca, por los que facturaba a la
Conselleria de Sanidad el coste de cada atención. Ese mismo año se
constataba que Sanidad desviaba, desde las comarcas de la Safor, la
Costera incluso de la ciudad de Valencia, numerosos partos al Hospital de
la Ribera donde se ofertaba la analgesia epidural a todas las
parturientas, lo que no ocurría en los hospitales públicos de Gandia,
Xàtiva o Valencia. Así, el año 2000 el Hospital de la Ribera incrementó,
respecto del año anterior, el número de partos atendidos un 37%, cuando en
el conjunto de hospitales públicos valencianos el incremento fue un 0,7%.
Las razones de tanto desvío estaban bastante claras: si la paciente había
requerido cesárea y surgían complicaciones el Hospital facturaba a la
Conselleria 2.566 euros, si se trataba de un parto simple la factura era
de 1.202 euros. Al Hospital le interesaba sobremanera atender pacientes de
fuera de la comarca para cuadrar sus balances. Tengamos en cuenta que
según convenio el Hospital cobra 204 euros por persona/año por la
cobertura sanitaria de la población que le ha sido asignada.
Un rasgo llamativo de la gestión del Hospital de la Ribera, especialmente
a la vista del uso propagandístico que ha hecho el PP, es la opacidad de
las cuentas. Sólo se conoce la cantidad aportada por la Conselleria a la
Concesionaria en 1999. Nada se sabe de las sumas correspondientes a 2000 y
2001. El documento «Estado de dimensiones, instalaciones, características
y volumen de la inversión total realizada» no ha sido facilitado, a pesar
de su solicitud por vía parlamentaria. La Sindicatura de Cuentas señalaba
críticamente esta ausencia en su último informe. Y eso que dicho documento
sería clave para evaluar el coste de la «experiencia» y fijar con garantía
el precio del rescate en caso de extinción del contrato.
Transcurridos cuatro años desde la puesta en marcha del Hospital de la
Ribera, la apuesta política más relevante del Partido Popular en el campo
de la sanidad, es un rotundo fracaso. La empresa reconoce pérdidas en la
cuenta de resultados de 1999, 2000 y 2001 (según Cinco Días del 13 de
noviembre 2002). Si se trataba de una experiencia piloto, y de hecho se ha
decidido extenderla a Torrevieja y Dénia, algo no está funcionando. Así,
Bancaixa y la CAM, por algo será, han anunciado su desvinculación de
Adeslas para el concurso de la gestión privada en el área de Torrevieja
(Expansión, 14 noviembre 2002).
¿Cuál es la situación actual? Previa rescisión del contrato, se procedió a
adjudicar a la misma empresa de antes, la totalidad de la gestión de la
atención sanitaria en la Ribera, incorporando primaria y estableciendo
condiciones mucho más ventajosas para la empresa.
Esta modalidad de extinción del contrato obligó a la Conselleria de
Sanidad a rescatar el hospital y abonar a la concesionaria el importe de
la inversión realizada. Como cantidad a liquidar por la resolución del
contrato la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad en su Informe
técnico de 25 de octubre de 2002 fijó: 44 millones de euros en concepto de
inversiones no amortizadas (seis de la diez partes de los 73 millones de
euros a que asciende el total de la inversión realizada por la empresa) y
26 millones en concepto de lucro cesante -el 6% del total de la inversión
por los seis años que restaban para la finalización del contrato-.
Es ya conocido que el criterio aplicado en relación al pago del lucro
cesante fue cuestionado por la Sindicatura de Cuentas. Informe que además
señala que «para aceptar como válida la cifra de 73 millones de euros como
importe total de la inversión realizada por la UTE Ribera, cantidad que
difiere de la cifra que figura en el acta de 27 de febrero de 2002 donde
consta el estado de dimensiones, instalaciones, características y volumen
total de la inversión realizada a 1 de enero de 1999 (63.243.681 euros),
debería existir un inventario detallado con explicación de las variaciones
entre ambas fechas, junto con un informe pericial independiente y las
cuentas anuales auditadas». Por tanto no sólo se cuestiona el pago del
lucro cesante si no también la cantidad pagada como inversión no
amortizada.
En el proyecto de presupuestos de Sanidad del año 2003 se destina a esta
operación nada menos que 43,9 millones de euros (7.300 millones de
pesetas), lo que supone un 40% del total de inversión prevista en
hospitales y centros de especialidades y un 25% del total de la inversión
en Sanidad.
Es decir, que a pesar de todos los esfuerzos desplegados para rentabilizar
la experiencia piloto, a pesar de los tratos de favor, ha sido un fiasco.
Y ha habido que acometer una enorme inyección de capital para sanear
cuentas, establecer un trato todavía más de favor y descapitalizar de paso
la sanidad pública. La ampliación de los hospitales de Dénia y Elda y la
construcción del centro de especialidades de Elx, lamentablemente, se han
quedado en la cuneta. Bastante cara nos está saliendo esta experiencia
piloto que se intentó vender como buena, bonita y barata en la mejor línea
de propagandística del Partido Popular.
Sin duda la pólvora se ha mojado. Porque, ¿qué queda de las bonitas
ofertas de habitaciones individuales y tiempos de espera reducidos? Las
listas de espera se acumulan y para algunas especialidades superan los
seis meses (oftalmología, cardiología, traumatología). Pero las demoras
prolongadas las sufren los pacientes de la comarca y no los que acuden de
fuera de la Ribera, por los que se puede facturar ventajosamente. El
hospital está colapsado. Los profesionales agotados por la presión a que
se ven sometidos. La mayoría de habitaciones han dejado de ser de uso
individual y en muchas se ha retirado la cama de acompañante
definitivamente. La población de la Ribera asiste perpleja, cuando no
indignada, a una situación en la que se ha visto convertida en banco de
pruebas de una operación a todas luces mal calculada.
En reiteradas ocasiones hemos denunciado una actuación que constituye un
auténtico caballo de Troya que mina y socava el sistema público de sanidad
valenciano. Ahora se puede constatar el rotundo fracaso de una experiencia
en la que han predominado las necesidades de una empresa concreta y no las
necesidades de los ciudadanos valencianos. Lo que se decía iba a salir
barato, está empezando a salir muy caro, porque asistimos a una cascada de
nuevas concesiones e inyecciones de capital, y porque de los hospitales se
quiere pasar a los centros de salud. Se pretende desbaratar todo un
sistema. ¿En función de qué intereses? ¿Por qué tanta sumisión? Hora es ya
de que el coste político recaiga en quienes irresponsablemente han
atentado contra uno de los bienes más preciados de los valencianos, un
sistema público que vela por su salud al margen de intereses
mercantilistas, y que -a pesar de sus problemas, que habría que superar de
acuerdo a una lógica de gestión avanzada- es un logro y una garantía. Un
derecho democrático, en definitiva. Y por favor, no mas proyectos
emblemáticos con los dineros de los valencianos, Terra Mítica y el
Hospital de Alzira son suficientes.
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