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La fiscalía del
Supremo estima el recurso de CESM y AEMIR contra el decreto MIR
El recurso interpuesto por la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y AEMIR contra el
real decreto que regula la relación laboral de los médicos internos
residentes ha franqueado el primer umbral en el camino hacia una
sentencia definitiva.
Este
paso, consiste en que el fiscal de sala del Tribunal Supremo que
lleva el caso acaba de pronunciarse a favor de que se estime el
recurso, para lo cual da por buena la argumentación del sindicato de
que se vulneraron sus derecho a ser tenido en cuenta en el trámite
de audiencia previo a la aprobación de la norma.
El criterio del
fiscal de la sala séptima de lo Contencioso-Administrativo resulta
muy taxativo al respecto. Admite que el Ministerio de Sanidad obvió
el artículo 23 de la Constitución española (el que dice que Los
ciudadanos españoles tienen derecho a participar en los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente
elegidos) y que ello supone una “violación del derecho de dicho
sindicato y, a su través, de todos los médicos afiliados, a
participar en los asuntos públicos”.
Admite, en
definitiva, que el “sindicato más representativo” del sector médico
(como se pone manifiesto de nuevo en las elecciones sindicales que
llevan ahora a cabo de forma gradual en toda España) ha sido
“privado de la oportunidad de proporcionar su opinión” sobre una
norma que, cabe recordar, fue aprobado en Consejo de Ministros el
pasado 6 de octubre.
El sindicato CESM
y la Asociación Española de Médicos Internos Residentes (AEMIR)
presentaron el recurso antes de que finalizase el plazo de los 15
reglamentarios para hacerlo.
En el momento de
decidir plantear la impugnación, el secretario general de CESM,
doctor Carlos Amaya, avanzó que los médicos tenían la firme
intención de "desmontar punto por punto” el contenido de una norma
“que ha logrado el difícil objetivo de no contentar a nadie, salvo
se supone que a sus promotores oficiales, y que además desde un
punto de vista jurídico presenta graves carencias”.
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