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POR UNA GESTIÓN PROFESIONAL DE LA
SANIDAD PÚBLICA VALENCIANA
(Inicio de Reflexión Programática en
CESM-CV)
En las modernas sociedades europeas el
acceso universal e igualitario a los servicios sanitarios se contempla como
un derecho ciudadano básico, en el marco de los modelos de solidaridad
social surgidos tras la II Guerra Mundial. Aunque incorporada tardíamente al
marco comunitario, también España ha ido desarrollando durante la actual
etapa democrática un sistema de protección que hunde sus raíces en la propia
Constitución de 1978:
«Art.43. 1. Se reconoce el derecho a
la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y
deberes de todos al respecto.»
En la actualidad el Sistema Nacional de
Salud, una vez completadas las transferencias autonómicas, constituye un
conjunto de Servicios Públicos cuya titularidad corresponde a las
Administraciones correspondientes, quedando en manos del Ministerio de
Sanidad y del Consejo Interterritorial la fijación de unos mínimos comunes
que eviten desequilibrios y garanticen la igualdad en el acceso a las
diferentes prestaciones. El Estatuto Marco debiera asimismo diseñar unas
condiciones comunes básicas de naturaleza contractual para todos los
facultativos españoles.
CESM-CV se identifica con los valores
democráticos apoyando sin reservas un modelo de SANIDAD PÚBLICA que
cumpla con el mandato constitucional. Concebimos la Sanidad Valenciana como
el conjunto de recursos que la Administración pone a disposición de
ciudadanos y profesionales para garantizar el acceso universal de los
primeros a la protección de la salud y la libertad de los segundos en
el ejercicio de sus funciones. Ello exige la existencia de una red de
gestión pública hegemónica sobre la que pivote el control del sistema.
En la Comunidad Valenciana, la inmensa
mayoría de los médicos ejercemos nuestra profesión en una red de centros
cuya titularidad, financiación y gestión son fundamentalmente públicas,
junto a algunos con fórmulas especiales o mixtas. Sólo de modo residual se
pueden contabilizar los recursos estrictamente privados. Por esa razón la
vinculación del médico valenciano con el sistema sanitario es casi por
completo de tipo estatutario, contemplándose otras situaciones (contratos de
acúmulo de tareas, de formación, eventuales o de refuerzo) como meramente
transitorias.. Este modelo, que no era sino uno de entre todos los posibles,
se encuentra plenamente consolidado en el terreno político al tiempo que
socialmente es reconocido como propio y valorado positivamente por los
usuarios.
Sin embargo, y porque defendemos la
financiación pública y la universalidad de una asistencia
integral, los médicos observamos con preocupación la ineficiencia generada
por un modelo de gestión anquilosado y rígido que, no por público sino por
burocratizante, asfixia el desarrollo de nuestra sanidad, coharta la
iniciativa profesional y niega en la práctica la libertad de los ciudadanos.
La aparente respuesta de nuestra
administración autonómica a estos problemas se centra en el recientemente
presentado Borrador de Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad
Valenciana. Según el texto, la Agencia Valenciana de la Salud será
responsable de que:
«...la gestión y administración de los
centros pueda llevarse a cabo directa o indirectamente, con medios
propios o ajenos, públicos o privados, mediante cualesquiera entidades
admitidas en derecho, así como a través de la constitución de
concesiones administrativas, consorcios, fundaciones, empresas públicas
u otros entes dotados de personalidad jurídica propia, pudiéndose además
establecer acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o
privadas."
Es decir, se prefigura un escenario con
multitud de fórmulas de gestión, sin privilegiar a la actual red de
administración pública, que, evidentemente, conllevarían asimismo una
multiplicidad paralela de relaciones contractuales para los médicos. A ello
se añade la sustitución de las actuales Areas de Salud por «Departamentos»,
más amplios territorialmente, que reducirían significativamente la
participación sindical, y la creación de una S.A. encargada de la
Acreditación de centros y procedimientos que ocuparía el espacio propio de
los Colegios Profesionales y Sociedades Científicas.
Para CESM-CV la atención prestada en los
centros de gestión pública puede y debe ser complementada con la
concertación de servicios, sea cual sea su titularidad, siempre que ello
resulte necesario y no ponga en riesgo el carácter básicamente público del
sistema. En la misma dirección, no negamos que en ciertas situaciones pueda
utilizarse la fórmula de la concesión administrativa o la delegación en
personas físicas o entidades empresariales. De hecho, carecería de sentido,
en su caso, que la salud buco-dental o la psicoterapia requiriesen de la
habilitación de espacios públicos de nueva creación en lugar de utilizar la
infraestructura privada existente. Tampoco resultaría lógico construir un
nuevo hospital en lugares donde la gestión y/o titularidad privada ya
contara con presencia y se evidenciara objetivamente una calidad de servicio
público mínimamente exigible.
Pero lo que se pretende hacer es
desestructurar el sistema sanitario valenciano, sin tener en cuenta los
aspectos preventivos propios de un concepto moderno de salud integral, sin
respetar el marco estatutario de los profesionales, desvertebrando la
negociación colectiva, lesionando las bases de la libertad sindical, sin
garantías de calidad para el usuario y privilegiando erróneamente la idea de
gestión privada frente a la de gestión pública. Como una mancha de aceite,
en pocos años, sin apenas percibirlo, sin control alguno, el conjunto de la
sanidad valenciana podría estar en manos de las grandes empresas privadas
del sector. Con financiación pública, obviamente, pero gestionada, como una
inmensa subcontrata, por las grandes aseguradoras. Y ello, ni resulta
aceptable ni permisible. La administración, como buena madre, puede y debe
buscar ayuda para llevar a los niños al Colegio, pero de eso a donarlos en
adopción media un abismo.
Pero, además, nuestros gobernante se
equivocan. Porque lo que resulta absolutamente incompatible con una sanidad
ágil y eficiente es su gestión burocrática, sea ésta de tipo público o
privado-empresarial. Y el único antídoto frente a ella es la gestión
profesional, a la que, incomprensiblemente, parece tenérsele miedo.
Por ello, CESM-CV debe plantear y hacer
públicas las líneas maestras de su propio MODELO DE GESTIÓN basado en
los siguientes principios básicos:
1.- Apoyamos la idea de Sanidad Pública
entendida como la disposición, gestión y financiación, por parte de la
Administración Pública, de aquellos recursos que resulten necesarios para
garantizar el acceso universal e igualitario de los ciudadanos a las
prestaciones integrales de protección de la salud, independientemente de su
nivel de renta o de cualquier otra diferencia social o territorial.
2.- El núcleo hegemónico de la Sanidad
Valenciana lo constituyen aquellos recursos que, con titularidad,
financiación y gestión pública establecen con el personal facultativo y el
resto de profesionales sanitarios una relación contractual de carácter
estatutario. Adicionalmente, asumimos, tanto la necesidad de establecer
conciertos cuando sea necesario con cualquier entidad o persona,
física o jurídica de carácter sanitario, como la conveniencia de introducir
nuevas formas de gestión participativa tanto en los centros de
titularidad pública como privada.
3.- La base de las nuevas formas de
gestión en el sistema sanitario debe establecerse en torno a la
participación de los profesionales. Optamos por un sistema de cogestión
centrado en Juntas Clínicas de Centro y de Área, dónde los
médicos estemos representados por el papel estratégico que desempeñamos,
en contraposición a lo que ocurre con los órganos de representación sindical
meramente cuantitativa. Tales Juntas, que incorporarán a las
Direcciones de los Centros y Áreas, constituirán los órganos de gestión
de cada ámbito de decisión. Por su parte, el ejercicio profesional de los
facultativos tendrá carácter autónomo en el marco de cada Centro,
Servicio o Unidad.
4.- La descentralización y la
autonomía serán pilares fundamentales en la gestión de los recursos
sanitarios. El presupuesto necesario para su funcionamiento, que será global
en el sentido contable, será puesto a disposición de cada Centro y éste
dispondrá de él del modo más adecuado a los efectos del cumplimiento de sus
objetivos. Una vez cubiertos los gastos corrientes, incluídos los salarios
establecidos, cualquier ahorro o remanente obtenido será destinado a la
inversión sanitaria y a la incentivación retributiva de los
profesionales.
5.- El gasto sanitario público
de la Comunidad Valenciana, ahora el penúltimo del Estado Español, debe
acercarse progresivamente a la media nacional en el camino de equipararse
con el de la UE. De lo contrario, la degradación del sistema sería
inevitable.
6.- Cualquiera que sea la titularidad o
fórmula concreta de gestión de cada centro y/o área, su acreditación
y evaluación, así como las de los procedimientos y técnicas,
corresponderá, con carácter vinculante, a los Colegios Profesionales
y Sociedades Científicas. Se arbitrarán métodos de evaluación
alternativos para los servicios de hostelería, lencería, confort, atenciones
añadidas, etc, con participación de las asociaciones de consumidores.
7.- Cualquiera que sea la titularidad o
fórmula concreta de gestión de cada centro y/o área, los derechos básicos
de los profesionales no podrán ser nunca diferentes. En los centros de
titularidad pública, sea cual fuere su fórmula concreta de gestión, se
tenderá a un modelo de relación contractual homogénea de tipo
estatutario.
8.- Todo usuario de la Sanidad Pública
gozará de libertad para escoger médico y/o centro sanitario y éstos
últimos podrán aceptarlo o rechazarlo, salvo casos de urgencia, contando
ambas partes con garantías sobre sus derechos constitucionales. La
desburocratización de la relación médico-enfermo llevará aparejada la
disponibilidad del profesional para organizar su propia agenda y verse
incentivado en función de los actos médicos y la actividad efectivamente
desplegada. El objetivo fundamental será la desaparición de las listas de
espera, tanto médicas como diagnósticas o quirúrgicas, y el
restablecimiento de la confianza mútua entre el facultativo y sus
pacientes.
9.- Se establecerán Unidades Especiales
de vigilancia epidemiológica, prevención sanitaria y educación para la salud
en todas las áreas, independientemente de la titularidad o modo concreto de
gestión de cada una de ellas.
10.- Los Consejos de Salud de cada
área sanitaria se dotarán de representación profesional, sindical y
ciudadana. Serán fundamentales a la hora de establecer las demandas
sanitarias globales de la población y orientarán de este modo la labor de
los órganos de gestión y cogestión correspondientes.
PD.: A este artículo seguirán otros. Este
es el inicio de un debate necesario en el que todas las opiniones no
coincidirán necesariamente pero serán igualmente bienvenidas. Animamos a
afiliados y simpatizantes a participar en él.
RICARDO LLEVATA COMPANY
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN CESM-CV
24/06/02 |
