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CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL
DESEMPLEO Y POR UN TRABAJO DIGNO Y ESTABLE
El gobierno español ha actuado de modo prepotente e
irresponsable al recurrir a la figura del «Real Decreto-Ley» para
regular una materia que no reviste carácter urgente. Hurtando los
derechos constitucionales atribuídos al poder legislativo, desdeñando
el diálogo social, se ha embarcado en una particular cruzada contra los
desempleados en un texto legal embebido de interesadas suspicacias
acerca de la honradez de uno de los sectores más débiles de nuestra
sociedad.
Los médicos, en tanto que trabajadores, no podemos
permanecer impasibles ante un atropello que puede afectar a muchos de
nuestros compañeros y a sus familias. Si bien es cierto que siempre
hemos luchado por una vinculación estable de carácter estatutario, a
la que en principio no afectaría la norma, existen varias razones por
las cuales debemos considerarnos plenamente implicados por su
implementación y desarrollo:
La existencia de una enorme bolsa de precariedad
laboral entre los facultativos valencianos configura un subcolectivo
sometido a la legislación emanada del Estatuto de los Trabajadores.
A estos médicos, no sólo se les puede despedir, sino que, a partir
de ahora, podría exigírseles su aceptación de una «colocación
adecuada» al margen y por debajo de su cualificación profesional.
Al igual que a aquéllos que prestan sus servicios por cuenta ajena
y en régimen laboral, bien sea en centros privados, consorcios o
áreas de concesión administrativa. Estas situaciones pueden irse
generalizando tras la puesta en marcha de las denominadas «nuevas
fórmulas de gestión» contempladas en la prevista Ley de
Ordenación Sanitaria. Y no olvidemos que, ahora, el despido, aún
el improcedente, será más barato, al suprimirse el cobro de los
salarios de tramitación en la gran mayoría de los casos.
La actitud adoptada por el gobierno en este caso
sienta un precedente en extremo peligroso que podría repetirse en
cualquier foro de negociación de cara a definir el futuro de
nuestra profesión. Si al Presidente le bastan sus votos y su
mayoría absoluta para arrogarse el derecho a legislar sin
Parlamento ni interlocución social alguna, y así lo ha manifestado
abiertamente, podemos imaginar con poco esfuerzo cuál será el modo
en que se nos va a imponer el Estatuto Marco, el modelo retributivo
o la Directiva Europea 93/104/CE.
Desde cualquier punto de vista, una organización
sindical como CESM-CV nunca puede aceptar una disminución sin
garantías ni contrapartidas de los derechos de que actualmente
disponen los médicos como trabajadores. Y el Real Decreto 51/2002
lo hace holgadamente, a espaldas del hecho de que España se
encuentra en el vagón de cola de la UE en cuanto a cobertura del
desempleo y destina un porcentaje del PIB a protección social muy
inferior al de cualquier país de nuestro entorno.
Si los recortes comienzan por los trabajadores
dependientes del régimen laboral no resulta descabellado pensar que
pueda estarse gestando una reforma de la función pública destinada
a retrotraer los derechos del personal funcionario o estatutario a
situaciones ya superadas. De hecho, este proceso ya se ha iniciado y
puede profundizarse en un futuro inmediato.
En un sistema que goza de superavit y que desprotege
a más del 40% de los parados, ¿cómo justificar una vuelta de tuerca
más en dirección restrictiva?. Se dice que para combatir el presunto
«fraude» en la percepción de las prestaciones por desempleo. Pero, en
tal caso, se comienza la casa por el tejado. No pueden defenderse
tamañas insensateces mientras exista una legislación que permite
tributar por rentas de capital a un tipo fijo del 18% mientras los
trabajadores, y los médicos entre ellos, pueden alcanzar un 48% de tipo
marginal. Y, si no nos equivocamos, algún ministro del Sr.Aznar puede,
amparado legalmente, rendir cuentas a Hacienda por un 35% de Impuesto de
Sociedades mientras sus ingresos se disparan a niveles muy superiores a
los que el IRPF gravaría con el tipo máximo. ¿Combatir los fraudes de
ley? Perfecto, pero comenzando con las figuras legales que permiten
eludir sus obligaciones a los poderosos. Lo contrario, lo mezquino, es
desviar la atención agrediendo al más indefenso.
En definitiva: ¿se encuentran los médicos de
acuerdo con que su despido sea más sencillo, con que, tras un año de
cobro del paro, puedan exigirles trabajar de pinche de cocina y a 30
kilómetros de su residencia? ¿con que pueda considerarse un «trabajo
adecuado» para ellos el remunerado con el Salario Mínimo
Interprofesional? ¿aunque tal ocupación no cotice por la contingencia
de desempleo y pueda ser a tiempo parcial o en jornada partida?
Evidentemente, no es ese el futuro profesional que desde CESM-CV
deseamos, ni para nuestros compañeros ni para sus hijos. Y la amenaza,
real, se cierne ya desde el pasado 24 de Mayo.
Ricardo Llevata Company
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN (CESM-CV)
08/12/2010
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