Desde hace tiempo se viene hablando de que una presunta obligación que a los médicos les vendría impuesta por una Directiva Europea. La OMC, aunque con posturas críticas en su seno, reconoce que se ha adelantado a tal obligatoriedad con su proyecto de Validación Periódica. Algunas Sociedades, por su parte, reclaman su parte del pastel de la «recertificación» profesional. Y es que muchas veces está en juego, no la calidad de la asistencia médica, sino las expectativas de poder de determinados grupos. Tanto la CESM como los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados rechazan la obligatoriedad de la Validación y tampoco aceptan que ello suponga un coste dado que ya existe una cuota colegial. Al médico de a pie todo esto le parece un sinsentido sin relación alguna con sus problemas cotidianos.

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana respalda estas posiciones y declara que la denominada Validación Periódica Colegial nunca puede suponer una obligación para los facultativos. La información acerca de la situación deontológica del profesional ya consta en los registros colegiales y su estado psicofísico ya consta en las empresas para las que presta servicios. En cualquier caso, excepto si existe alguna investigación en marcha por otros motivos, no se puede obligar al profesional a presentar ningún certificado de salud por contravenir sus derechos constitucionales. En cuanto a la certificación de su estado formativo hay que estar a lo que la normativa vigente establece para ejercer una profesión sanitaria y que se reduce a poseer la titulación adecuada y que ésta, obviamente, no haya sido suspendida ni retirada.

Los colegios que están poniendo en marcha la VPC, creada y promovida desde la Organización Médica Colegial (OMC), aluden a las exigencias provenientes de la Unión Europea (directiva 2013/55/EU) sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales. La propia OMC ha venido defendiendo hasta el momento que el trámite era optativo, pese a que finalmente es probable que termine siendo obligatorio. Sin embargo, el Consejo Catalán de Colegios Oficiales de Médicos (CCCM) se ha desmarcado y en un comunicado niega que la directiva europea imponga tal obligación. CESM-CV considera que ninguna Directiva Europea avala la obligatoriedad de la Validación Colegial.

En estas condiciones esperamos de los Colegios Médicos de la Comunidad Valenciana y de su habitual buen criterio que respeten la dignidad de los médicos. Nadie tiene derecho a interferir de modo irregular en nuestra capacidad para ejercer la profesión. Sólo si se detectan negligencias o signos de mala praxis cabrá algún tipo de actuación (así como en el caso de que un profesional pretenda ejercer en otro Estado Miembro de la UE). Una actuación que, desde luego, no siempre se da o resulta discutible, dado que en determinados entornos corporativos se protegen actividades de riesgo sanitario y nula evidencia científica como, por ejemplo, la homeopatía y las denominadas «medicinas alternativas». Obviamente un profesional formado en la medicina científica nunca aceptará ser juzgado ni evaluado por personas con una praxis profesional cuanto menos dudosa.

Lo único que determina la Directiva 2013/55 en cuanto a registros unificados es de aplicación para los profesionales que deseen ejercer en un país de la Unión Europea distinto del de origen.  Por lo demás dicha Directiva establece:

«El desarrollo profesional continuo contribuye a que los profesionales que gozan del reconocimiento automático de sus cualificaciones profesionales ejerzan su actividad de forma segura y eficaz. Es importante fomentar que se siga reforzando el desarrollo profesional continuo para estas profesiones. Los Estados miembros deben, en particular, promover el desarrollo profesional continuo de los médicos, médicos especialistas, médicos generalistas, enfermeros responsables de cuidados generales, odontólogos, odontólogos especialistas, veterinarios, matronas, farmacéuticos y arquitectos. Las medidas adoptadas por los Estados miembros en favor del desarrollo profesional continuo de estas profesiones han de comunicarse a la Comisión, y los Estados miembros deben, asimismo, intercambiar las mejores prácticas en este ámbito. El desarrollo profesional continuo debe abarcar la evolución técnica, científica, normativa y ética, así como motivar a los profesionales para que participen en formaciones de aprendizaje permanente relacionadas con su profesión

«Los Estados miembros expedirán una tarjeta profesional europea a las personas en posesión de un título que acredite su cualificación profesional, a petición de estos»

«En caso de dudas justificadas, el Estado miembro de acogida podrá exigir de las autoridades competentes de un Estado miembro la confirmación de que el ejercicio de la profesión en cuestión por el solicitante no ha sido suspendido o prohibido como consecuencia de falta profesional grave o de condena por delito referentes al ejercicio de alguna de sus actividades profesionales.»

Es decir, recomendaciones de sentido común que ya encuentran acomodo en instrumentos como la Carrera Profesional el control de calidad asistencial por parte de las administraciones, las comisiones deontológicas o los programas de formación continuada acreditada. Por lo tanto, CESM-CV no intervendrá ni se opondrá a una validación voluntaria y gratuita, siempre que no pueda suponer ventaja normativa alguna en el seno del Estado Español para el que la realizase. Defenderá no obstante, por todos los medios legales, a cualquier médico que sea obligado a realizarla de modo obligatorio o a cambio de cualquier contraprestación económica.