NO OBSTANTE, LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA SON DE CARÁCTER FORMAL Y EN NINGÚN CASO ESTABLECEN EL DERECHO DE LOS PROFESIONALES A PROLONGAR VOLUNTARIAMENTE SU SERVICIO ACTIVO MÁS ALLÁ DE LA EDAD DE JUBILACIÓN FORZOSA CONTEMPLADA EN EL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y EN EN ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

 

CESM-CV CONSIDERA QUE, SOBRE ESTA BASE, EL PROBLEMA SE CONVIERTE EN OBJETO DE NEGOCIACIÓN PARA ESTABLECER UN NUEVO MARCO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA QUE PERMITA, COMO YA OCURRE EN OTRAS, LA PRÓRROGA EN EL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES QUE LO SOLICITEN Y MANTENGAN SU CAPACIDAD PSICOFÍSICA
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a declarado hoy nula la Orden de Jubilación dictada por la Consellería de Sanidad en Junio de 2013 y que, en opinión de CESM-CV, constituía un expediente de regulación de empleo encubierto destinado a expulsar del sistema público a centenares de profesionales. Muchos de los cuales, además, se encontraban disfrutando de la prórroga en el servicio activo que en su día les fue concedida tras cumplir los 65 años de edad.

 

 

 

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Las consecuencias para los afectados son obvias y diversas:

– Para aquellos cuya jubilación forzosa fue establecida en su momento y abandonaron su trabajo, supone la posibilidad de su reincorporación y, en cualquier caso, la apertura de una puerta legal para reclamar las cantidades dejadas de percibir. Obviamente, nada de esto se realizará de oficio sino que requerirá la interposición de los recursos individuales correspondientes.

– Para aquellos que, disfrutando de una prórroga, se encontraban en situación de «suspensión cautelar» de su jubilación forzosa, la consecuencia inmediata es que seguirán trabajando y manteniendo los beneficios reconocidos por dicha prórroga.

– Para aquellos que soliciten, a partir de este momento, prórroga en el servicio activo, la situación se retrotrae a la existente con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden y, en principio, deberían ver estimadas sus solicitudes, salvo que en base al Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que se encuentra vigente, no se argumente con claridad en contra de tal pretensión.

No obstante, CESM-CV reconoce que en la sentencia ni se cuestiona la validez del Plan de Ordenación de Recursos Humanos de 2013 ni tampoco se reconoce ningún derecho de los profesionales a retrasar su jubilación efectiva, pues ello iría contra la legislación recogida en el Estatuto Marco del Personal Estatutario y en el Estatuto Básico del Empleado Público. Recordemos que en ambas normas se recoge la jubilación forzosa a los 65 años (en realidad a la edad legal que en cada momento corresponda según los criterios de la Seguridad Social) y sólo como posibilidad aparece la prolongación en el servicio previa autorización de los Servicios de Salud y en el marco de sus Planes de Recursos Humanos. No existe, por lo tanto, ninguna variación en cuanto a la edad de jubilación forzosa ni reconocimiento de derecho alguno a seguir trabajando hasta los 70 años.

En la misma línea, constatamos que en los fundamentos de derecho de la sentencia, el TSJCV establece objeciones de tipo estrictamente formal y que pueden por lo tanto ser enmendadas en un plazo relativamente breve mediante la presentación de una nueva norma. En concreto los magistrados cuestionan tres aspectos:

– La jerarquía normativa, según la cual el tema de la Jubilación debería haber sido objeto de una figura jurídica diferente a una simple Orden de Consellería. El tribunal sugiere indirectamente que un Decreto de Consell podría haber constituido una norma válida. En cierto modo el propio TSJCV orienta a la administración acerca de qué figura debería utilizar en el futuro para la regulación de esta materia sin incurrir en vicios o ilegalidades.

– La ausencia de negociación con las organizaciones sindicales. El TSJCV reconoce que la Consellería de Sanidad negoció el Plan de Recursos Humanos, pero no lo hizo con la Orden de Jubilación que pretendía desarrollar lo previsto en éste.

– La omisión de informe del Consejo Jurídico Consultivo que, dada la materia tratada, el tribunal entiende que debía haber participado preceptivamente.

En consecuencia, nos encontramos ante una sentencia con inciertos efectos a medio plazo pero que, al margen de beneficiar a una parte del colectivo médico por un plazo indeterminado de tiempo, no resuelve en absoluto la problemática general de la flexibilidad de la jubilación médica y de su voluntariedad.

Desde el Sindicato Médico planteamos que, dada la redacción actual del Estatuto Marco y del Estatuto Básico del Empleado Público, el problema de la jubilación de los profesionales sanitarios es de tipo político porque solo en algunos casos y a corto plazo pueden obtenerse ventajas desde una perspectiva judicial. Por ello consideramos necesaria una negociación al respecto con las administraciones públicas tal y como se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas. Una negociación que parta de dos datos incontrovertibles:

La normativa española en materia de pensiones no establece una edad de jubilación forzosa. Se limita a delimitar los intervalos de cotización y los rangos de edad en que procede o no el derecho a percibir pensión de jubilación y la cuantía de ésta. Cada vez resulta más frecuente, por ello, que muchos trabajadores, ante la creciente precariedad de las pensiones, prolonguen voluntariamente su vida laboral siempre y cuando ello se recoja en los Convenios Colectivos correspondientes.

Resulta absurdo que, mientras desde el Estado se invita, incentiva e incluso se obliga a los trabajadores, incluidos los manuales, a jubilarse a edades cada vez más tardías, profesionales altamente cualificados, como los médicos, vean como el sistema sanitario público les despide a los 65 años, les obliga a jubilarse, cuando aún pueden y quieren resultar muy útiles y sin contemplación alguna. Resulta una falta de respeto y un dispendio en conocimiento y experiencia que nuestro país no puede permitirse.

CESM-CV, pendiente de la inminente sentencia que responda al recurso que también interpuso contra esta normativa, considera que, tanto a nivel estatal como autonómico, deben buscarse amplios consensos para que la política de recortes que se practica a todos los niveles no acabe también con la excelencia en la asistencia sanitaria. En este sentido, los Planes de Recursos Humanos pueden ser herramientas útiles siempre que su prioridad no sea el ahorro y no se conviertan en instrumentos para la exclusión de trabajadores imprescindibles en nuestro sistema de bienestar.